¿La IA es de izquierda o de derecha? Futuro político

La derecha avanza en una parte importante del mundo desarrollado mientras la izquierda parece haber perdido la relación privilegiada que alguna vez mantuvo con buena parte de los trabajadores. Pero quizá interpretar este fenómeno como un simple giro conservador sea quedarse en la superficie. La sociedad industrial que dio forma a nuestras ideologías está cambiando, los profesionales urbanos que ocuparon parte del espacio dejado por los obreros empiezan a enfrentar sus propios problemas materiales y una parte de la nueva derecha ha abandonado algunos dogmas de la globalización que hasta hace poco parecían intocables. En medio de esa transformación aparece la inteligencia artificial. Si consigue generar una abundancia extraordinaria, tendremos que decidir cómo distribuirla; si altera profundamente el valor del trabajo, quizá necesitemos un nuevo contrato social; y si algún día construimos sistemas que ya no podamos controlar, la discusión dejará incluso de ser únicamente económica. ¿Seguiremos hablando entonces de izquierda y derecha?

Durante los tres artículos anteriores de esta serie recorrimos este problema desde distintos lugares. Primero nos preguntamos si existen diferencias psicológicas entre progresistas y conservadores. Después vimos que esas diferencias pueden producir lenguajes y marcos políticos distintos. Finalmente retrocedimos hasta la prehistoria para descubrir que los conflictos entre igualdad y jerarquía, propiedad y redistribución, autoridad y resistencia son muchísimo más antiguos que las palabras izquierda y derecha.

Ahora podemos mirar en la dirección opuesta. No hacia 1789, sino hacia 2050. La pregunta ya no es de dónde vienen nuestras ideologías, sino si la sociedad que les dio forma seguirá existiendo y, en caso de hacerlo, cuánto tendrán que cambiar para seguir describiendo nuestros conflictos.

La izquierda nació en una sociedad que está desapareciendo

Durante buena parte del siglo XX la imagen social de la izquierda tuvo un protagonista evidente: el trabajador industrial. Las grandes fábricas reunían a miles de personas sometidas a horarios semejantes, salarios semejantes y problemas semejantes. De allí surgieron sindicatos, cooperativas, partidos obreros y una identidad de clase que podía transmitirse durante generaciones. En determinadas ciudades europeas, trabajar en una mina, un puerto, una siderúrgica o una fábrica y votar socialista, comunista o laborista formaba parte casi del mismo universo cultural.

Aquella clase no desapareció, pero perdió una parte enorme de su peso relativo. La OCDE calcula que en las economías del G7 la manufactura empleaba alrededor del 23% de los trabajadores en 1970, mientras que en 2023 representaba aproximadamente el 12%. No se trata simplemente de empresas que cerraron: a medida que las economías se desarrollaron, millones de trabajadores pasaron de la industria hacia los servicios y, al mismo tiempo, las propias fábricas se volvieron mucho más productivas y necesitaron menos personas para fabricar cada unidad.

El cambio tuvo consecuencias políticas profundas. La izquierda de masas perdió progresivamente a la clase social alrededor de la cual había construido buena parte de su lenguaje, sus organizaciones y sus símbolos. No existe una explicación única para la crisis posterior de la socialdemocracia. Una revisión sistemática de la literatura encuentra una combinación de cambios socioestructurales, globalización, austeridad, debilitamiento sindical, decisiones estratégicas de los propios partidos y pérdida de diferenciación programática. Pero detrás de todas esas explicaciones hay un hecho difícil de ignorar: la vieja sociedad industrial perdió centralidad laboral y social y, con ella, se redujo también la base que había dado origen a buena parte de la izquierda moderna.

La izquierda encontró nuevos votantes

Mientras el trabajador industrial perdía peso, ocurrió otra transformación igualmente importante. Un estudio de Amory Gethin, Clara Martínez-Toledano y Thomas Piketty sobre cerca de trescientas elecciones en 21 democracias occidentales entre 1948 y 2020 documentó un cambio extraordinario en la relación entre educación e ideología.

En las primeras décadas de la posguerra, los votantes con mayor nivel educativo tendían comparativamente a votar más hacia la derecha. Con el paso del tiempo esa relación se invirtió. Los ciudadanos con más educación formal comenzaron a inclinarse en proporciones crecientes hacia la izquierda o el centroizquierda, mientras los sectores de mayores ingresos continuaron mostrando una tendencia relativamente mayor hacia la derecha.

La izquierda modificó así su composición. Junto al trabajador industrial empezaron a ocupar un lugar mucho más importante el docente, el médico, el investigador, el empleado público, el periodista, el profesional universitario y una parte de los trabajadores vinculados con la economía del conocimiento y los servicios urbanos. No fue una simple sustitución de obreros por intelectuales ni de pobres por ricos; las coaliciones políticas son mucho más complejas. Pero sí emergió una izquierda comparativamente más urbana, educada y profesional que la que había dominado gran parte del siglo XX.

Ese cambio le permitió mantener influencia política y ganar numerosas batallas culturales y jurídicas. Al mismo tiempo, la dejó expuesta a problemas diferentes.

Cuando también empieza a incomodarse el profesional urbano

Durante mucho tiempo pudo suponerse que una persona con estudios universitarios, un empleo calificado y residencia en una gran ciudad pertenecía a uno de los sectores relativamente seguros de la economía. Esa certeza empieza a ser menos evidente.

La vivienda es quizá el ejemplo más concreto. El Banco Central Europeo reconoce que el aumento de los alquileres y de los precios inmobiliarios está obligando especialmente a jóvenes y habitantes urbanos a destinar proporciones crecientes de sus ingresos a vivienda, aceptar espacios más pequeños o alejarse cada vez más de sus lugares de trabajo. La energía agrega otra dificultad. Tras la crisis europea de 2021–2023, los precios mayoristas descendieron, pero los costos minoristas continúan por encima de los niveles anteriores a 2021 y la Comisión Europea sigue advirtiendo que los precios energéticos condicionan la competitividad de sectores industriales intensivos en consumo.

Detrás de esos problemas aparece además un discurso generacional cada vez más frecuente: la idea de que los hijos terminarán viviendo peor que sus padres. La frase es poderosa, pero tomada literalmente resulta demasiado simple.

Más bienestar, pero menos seguridad patrimonial

En muchas dimensiones de la vida, las nuevas generaciones están objetivamente mejor. Tienen más años de educación, acceso a tecnologías que hace pocas décadas habrían parecido ciencia ficción, comunicaciones prácticamente gratuitas, una medicina considerablemente más eficaz y posibilidades de acceder al conocimiento y a bienes de consumo que sus abuelos nunca tuvieron. Tampoco es cierto que, en todos los países, los jóvenes tengan necesariamente menores ingresos reales que las generaciones anteriores cuando se encontraban en la misma etapa de la vida.

Lo que parece haberse deteriorado es algo más sutil: la trayectoria esperada. La OCDE muestra que, durante las últimas tres décadas, en más de dos tercios de los países para los que existen datos los ingresos de las personas de 55 a 64 años crecieron más rápidamente que los de quienes tienen entre 25 y 34. Ese patrón se vuelve aún más visible cuando pasamos del ingreso al patrimonio. Los hogares encabezados por personas de 55 años o más poseen, en promedio en 19 economías de la OCDE, una riqueza neta aproximadamente seis veces superior a la de los hogares encabezados por personas de 25 a 34 años. Parte de esa diferencia es naturalmente esperable, porque una persona de sesenta años tuvo varias décadas más para ahorrar que alguien de treinta. Pero la comparación histórica muestra algo adicional: en 17 de 24 países de la OCDE disminuyó durante las últimas tres décadas la proporción de personas de treinta y tantos años propietarias de su vivienda y, en cinco de los seis países con series patrimoniales comparables desde comienzos de siglo, aumentó la brecha de riqueza entre generaciones jóvenes y mayores.

La vivienda como frontera generacional

La vivienda ocupa allí un lugar central. Los hogares de 25 a 34 años destinan actualmente, en promedio, una proporción de su ingreso disponible al alquiler o a la hipoteca alrededor de catorce puntos porcentuales mayor que los hogares mayores de 65 años. Al mismo tiempo, quienes adquirieron una propiedad décadas atrás se beneficiaron de una importante revalorización de los activos inmobiliarios.

Esto ayuda a comprender una aparente contradicción. Una persona joven puede tener más educación que sus padres, utilizar herramientas mucho más avanzadas y desempeñar un trabajo técnicamente más sofisticado y, sin embargo, sentir que está retrocediendo porque le cuesta mucho más acceder a una vivienda, acumular patrimonio o alcanzar cierta estabilidad económica. No necesariamente vive peor, pero esperaba vivir claramente mejor.

Cuando se debilita la promesa de progreso

Durante buena parte del siglo XX las sociedades desarrolladas construyeron una expectativa que terminó pareciendo casi natural: la siguiente generación debía vivir mejor que la anterior. Los hijos estudiarían más que sus padres, accederían a trabajos mejores, comprarían una vivienda, formarían una familia con mayor comodidad y llegarían a la madurez con más seguridad económica. Naturalmente, millones de personas quedaban fuera de ese recorrido y las diferencias entre países eran enormes, pero la dirección general del progreso parecía bastante clara.

Ese contrato nunca estuvo escrito. Sin embargo, ayudó a legitimar tanto a la economía de mercado como a la democracia representativa. Las desigualdades podían aceptarse con mayor facilidad si existía la sensación de que el conjunto de la sociedad avanzaba y de que trabajar, estudiar y ahorrar permitía progresar.

Cuando la movilidad deja de darse por sentada

La OCDE viene documentando desde hace años un creciente pesimismo sobre la movilidad social y una percepción extendida de que el origen familiar condiciona demasiado el destino económico. Por eso quizá la cuestión generacional no consista en demostrar que “los hijos viven peor que los padres”, algo difícil de sostener si sumamos todas las dimensiones del bienestar. La cuestión es que se debilitó la expectativa de movilidad ascendente.

Las expectativas importan mucho en política. Las personas no comparan su bienestar únicamente mediante índices de precios, esperanza de vida o calidad tecnológica. También lo comparan con aquello que consideran que razonablemente deberían haber alcanzado. Un teléfono que hace cosas extraordinarias no necesariamente compensa la sensación de no poder comprar una vivienda. Tener acceso inmediato a todo el conocimiento humano puede coexistir con la frustración de necesitar dos buenos salarios para alcanzar la estabilidad económica que una generación anterior recuerda haber conseguido con uno.

Estas comparaciones pueden estar parcialmente idealizadas. Las generaciones anteriores también atravesaron inflación, crisis, desempleo, viviendas pequeñas, tasas hipotecarias elevadas y condiciones laborales que hoy consideraríamos inaceptables. La memoria familiar no constituye una estadística económica. Pero políticamente la percepción importa y, cuando una generación cree que cumplió aquello que la sociedad le pidió —estudiar, capacitarse y trabajar— pero no obtiene la seguridad material que esperaba a cambio, el problema deja de ser solamente económico. Se convierte en una crisis de expectativas.

¿Puede la política seguir prometiendo progreso?

No podemos concluir seriamente que el precio de una vivienda o de la electricidad esté convirtiendo automáticamente a profesionales progresistas en votantes conservadores. Sería una simplificación para la que no existe evidencia suficiente. Pero sí podemos formular una pregunta mucho más interesante.

Una persona puede defender la transición energética, la apertura cultural, la integración internacional y muchos valores progresistas y, simultáneamente, preguntarse por qué a los treinta y cinco años no puede comprar una vivienda, por qué dedica una parte creciente de su salario al alquiler y a los servicios o por qué la economía en la que trabaja parece perder competitividad.

Cuando esa tensión se acumula aparece una duda políticamente mucho más peligrosa que una simple discrepancia ideológica: ¿el proyecto político con el que simpatizo es capaz de resolver materialmente mi vida?

Quizá uno de los problemas actuales de la izquierda no sea solamente haber perdido una parte de su antigua base obrera. Puede ser también la dificultad para ofrecer a parte de su nueva base urbana y profesional algo que durante buena parte del siglo XX parecía casi implícito en la promesa democrática: una expectativa razonable de progreso material.

La derecha también cambió

Pero sería un error interpretar la transformación actual como una crisis exclusiva de la izquierda. La vieja derecha también perdió algunas de sus certezas.

Durante los años ochenta y noventa, buena parte de la derecha económica occidental defendía una fórmula relativamente sencilla: mercados abiertos, libre comercio, movilidad del capital y producción allí donde pudiera realizarse al menor costo. Si fabricar un producto era más barato en China, Vietnam o México que en Detroit, Manchester o Turín, trasladar la fábrica parecía económicamente racional. El consumidor obtenía productos más baratos, el capital podía dirigirse hacia actividades más productivas y las regiones afectadas terminarían adaptándose.

En términos agregados, la globalización produjo enormes beneficios. Elevó el comercio, redujo precios de numerosos productos, amplió mercados y permitió una extraordinaria expansión productiva en países que durante décadas habían permanecido pobres. Pero con el tiempo se hizo evidente algo que una parte de la teoría económica había subestimado: las sociedades no se adaptan tan rápidamente como los modelos.

El precio político de una fábrica que se va

Los trabajos de David Autor, David Dorn y Gordon Hanson sobre el llamado China Shock cambiaron buena parte de la discusión económica sobre la deslocalización. Al estudiar las regiones estadounidenses especialmente expuestas a la competencia de importaciones chinas encontraron efectos persistentes durante muchos años: mayor desempleo, menor participación laboral, salarios deprimidos y pérdidas significativas de ingresos a lo largo de la vida de los trabajadores. La adaptación fue considerablemente más lenta de lo que muchos economistas habían esperado.

Aquellas transformaciones tuvieron también consecuencias políticas. Investigaciones posteriores mostraron que las regiones más expuestas a la competencia importadora experimentaron mayor polarización electoral y, en determinadas circunstancias, desplazamientos hacia posiciones más radicales.

En otro artículo de este mismo sitio, “El error de creer que una fábrica es solamente una fábrica”, discutimos precisamente ese problema. Cuando se traslada una planta industrial no necesariamente se trasladan sólo máquinas. Con ella pueden desaparecer proveedores, técnicos, matricería, ingeniería, conocimiento tácito, centros de investigación y, finalmente, capacidad de innovación.

Una fábrica puede ser simplemente una fábrica, pero también puede constituir el nodo alrededor del cual existe un ecosistema productivo completo. Cuando ese ecosistema desaparece, reconstruirlo años después resulta mucho más difícil que volver a comprar las máquinas.

Una parte de la nueva derecha extrajo una lección política de la globalización

Sería incorrecto afirmar que “la globalización fracasó”. Las cadenas globales de valor siguen siendo fundamentales y la OCDE encuentra que la desglobalización reciente es bastante más limitada de lo que algunas narrativas políticas sugieren. Lo que sí cambió fue la interpretación política de sus costos.

Una parte importante de la nueva derecha llegó a una conclusión diferente de la que sostenía la derecha liberal de los años noventa: no todo aquello que resulta más barato importar resulta necesariamente conveniente dejar de producir.

La capacidad industrial volvió a entenderse como una cuestión de soberanía. Lo mismo ocurrió con energía, alimentos, semiconductores, medicamentos, minerales críticos y defensa. La pandemia mostró hasta qué punto una economía podía depender de cadenas de suministro lejanas; las tensiones con China revelaron la dimensión estratégica de determinadas industrias; la guerra en Ucrania hizo visible el costo político de algunas dependencias energéticas.

La nueva derecha aprendió así a hablar de algo que durante décadas había cedido casi por completo: la producción nacional. En Europa, el avance de partidos de derecha populista o radical es además un fenómeno mensurable: Carnegie estima que su apoyo en elecciones nacionales pasó aproximadamente del 10% a mediados de los años 2000 al 23% en la actualidad. Eso no demuestra que estemos entrando en una hegemonía irreversible, pero sí que el cambio político es mucho más que una impresión.

Y, de manera curiosa, una parte de la centroizquierda llegó a conclusiones parecidas.

Una extraña convergencia

El gobierno de Joe Biden impulsó subsidios industriales, inversiones territoriales y políticas destinadas a recuperar fabricación de semiconductores y otras industrias estratégicas. Donald Trump prefirió aranceles, proteccionismo y una retórica mucho más agresiva de relocalización productiva. Son respuestas diferentes, pero comparten una preocupación: la capacidad industrial importa.

Eso nos lleva a una conclusión relevante. El viejo eje político ya estaba comenzando a mezclarse antes de que la inteligencia artificial alcanzara su desarrollo actual. Una izquierda que había convivido durante décadas con la globalización redescubría la política industrial, mientras una derecha que durante años había defendido el libre comercio empezaba a reivindicar aranceles, soberanía y producción nacional.

Y justo en ese momento apareció la IA.

Una revolución diferente

Toda tecnología importante destruye algunas tareas y crea otras. Pero la inteligencia artificial presenta una peculiaridad. Durante siglos, las máquinas sustituyeron principalmente fuerza física. Más tarde, las computadoras automatizaron cálculos, registros y procesos administrativos. La IA empieza a intervenir directamente sobre trabajo cognitivo: escribir, programar, analizar documentos, diseñar, traducir, preparar informes, crear imágenes, interpretar información médica, investigar literatura científica o responder consultas.

Eso modifica profundamente quién puede sentirse amenazado por la automatización. El trabajador industrial conoce desde hace décadas la experiencia de ver cómo una máquina reduce el valor de algunas de sus habilidades. El profesional universitario apenas está comenzando a conocerla.

No sabemos todavía cuántos empleos desaparecerán

Conviene escapar de los extremos. No existe evidencia para afirmar que en pocos años la mayoría de los trabajadores quedará desempleada. Pero tampoco hay fundamento para asegurar que la IA será simplemente una herramienta más sin consecuencias importantes.

La Organización Internacional del Trabajo estima que aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores del mundo ocupa actualmente un puesto con algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa. Su conclusión, sin embargo, es que la transformación de tareas es por ahora más probable que la desaparición completa de los empleos.

El Fondo Monetario Internacional utiliza una metodología diferente y estima que cerca del 40% del empleo mundial está expuesto a la IA, proporción que alcanza aproximadamente el 60% en las economías avanzadas. En algunos trabajos la tecnología aumentará productividad; en otros puede reducir demanda laboral; y en muchos hará ambas cosas simultáneamente.

Todavía desconocemos el saldo final. Pero políticamente quizás ni siquiera sea necesario esperar a conocerlo. Basta con que millones de profesionales comiencen a preguntarse si aquello que tardaron veinte años en aprender conservará el mismo valor dentro de diez.

La verdadera pregunta no es si la IA piensa como la izquierda o la derecha

Preguntar si la inteligencia artificial es de izquierda o de derecha tiene una respuesta sencilla: no es ninguna de las dos cosas.

Una tecnología no tiene ideología. La electricidad no era socialista, el automóvil no era conservador e Internet no era progresista. Pero todas esas tecnologías modificaron la distribución del poder y, en ese momento, dejaron de ser solamente instrumentos técnicos para convertirse también en problemas políticos.

Con la inteligencia artificial ocurre lo mismo. La pregunta relevante no es qué piensa una IA, sino quién es dueño de ella, quién controla la infraestructura que la hace posible y quién recibe los beneficios de su productividad.

Regresa la cuestión de la propiedad

Desarrollar IA avanzada requiere recursos enormes: chips especializados, centros de datos, energía, capital, datos, talento científico e infraestructura de nube. La OCDE describe un mercado paradójico. En algunos segmentos, particularmente entre modelos, existe una competencia tecnológica muy dinámica y los precios disminuyen con rapidez. Sin embargo, las capas profundas de la infraestructura presentan riesgos importantes de concentración: hardware, centros de datos, servicios de nube y determinados conjuntos de datos.

El AI Index 2026 de Stanford señala además que la industria privada produjo más del 90% de los modelos considerados notables en 2025.

Podríamos llegar así a una paradoja histórica: la tecnología capaz de poner una inteligencia extraordinariamente poderosa en manos de millones de personas podría depender de una infraestructura controlada por muy pocos actores. Y con ello regresa una pregunta que parecía pertenecer al siglo XIX: ¿qué ocurre cuando los medios fundamentales de producción se concentran enormemente?

Sólo que esta vez el medio de producción no es únicamente una máquina. Es capacidad cognitiva.

¿Y si la IA produce una riqueza extraordinaria?

Ésta puede ser una de las preguntas económicas más importantes de las próximas décadas. Hasta ahora, la mayor parte de las sociedades modernas distribuye ingreso mediante una relación relativamente sencilla. Las personas trabajan, reciben un salario y con ese salario compran una parte de aquello que produce la economía. El capital recibe otra parte mediante beneficios, dividendos, intereses y rentas.

Pero imaginemos una economía donde una empresa consiga producir el doble utilizando muchas menos horas de trabajo humano. Eso podría ser extraordinariamente bueno. La sociedad tendría más bienes y servicios utilizando menos esfuerzo humano. Sin embargo, aparece inmediatamente una dificultad: si necesitamos progresivamente menos trabajo para producir, ¿cómo distribuimos el ingreso necesario para que las personas puedan comprar aquello que producimos?

Ésa podría convertirse en la gran cuestión social de la inteligencia artificial. Y existe otra manera de formular la misma pregunta. Durante las últimas décadas se ha debilitado en muchas sociedades la expectativa de que cada generación vivirá materialmente mejor que la anterior. Si la inteligencia artificial realmente provoca un salto de productividad comparable con las grandes revoluciones tecnológicas del pasado, su éxito político no se medirá solamente por el valor de las empresas que la desarrollen o por cuántas tareas pueda automatizar. También será juzgada por algo mucho más cotidiano: ¿permitirá que la siguiente generación vuelva a sentir que progresa?

La posibilidad de una nueva abundancia

Ya existen algunos indicios de productividad significativa. Un trabajo del FMI publicado en 2026 utilizó datos reales de uso de IA en 86 países e intentó estimar el valor salarial equivalente del tiempo actualmente ahorrado mediante estas herramientas. Su cálculo alcanza aproximadamente US$2,7 billones anuales, equivalentes al 3,4% del PIB conjunto de esos países.

Los propios autores insisten en una cautela esencial: no se trata de US$2,7 billones adicionales de PIB ni de riqueza efectivamente creada y distribuida. Es una estimación del valor equivalente del tiempo que actualmente se está ahorrando.

Aun con esa precaución, la magnitud obliga a pensar qué ocurriría si esa productividad continuara creciendo durante veinte años. Podríamos trabajar menos horas; determinados bienes y servicios podrían abaratarse de manera extraordinaria; la medicina podría ofrecer capacidades hoy reservadas a pocos; la educación personalizada podría llegar a millones de personas; y científicos equipados con sistemas de IA podrían acelerar descubrimientos.

El escenario optimista no consiste simplemente en reemplazar personas. Consiste en producir una abundancia tecnológica que permita mejorar sustancialmente la calidad de vida y quizá reconstruir aquella promesa de progreso generacional que hoy parece menos segura. Pero entonces habrá que decidir cómo repartirla.

¿Se viene un ingreso básico universal?

Quizá. Pero conviene formularlo como pregunta y no como profecía. La expresión correcta sería ingreso básico universal o renta básica universal, precisamente porque no estaría asociada a un puesto de trabajo.

La idea adquiere una lógica nueva si una parte creciente de la producción deja de depender directamente de horas laborales humanas. Un trabajo del FMI publicado en 2025 modeló un escenario en el cual se introduce un impuesto del 15% sobre el ingreso del capital en escenarios de automatización e inteligencia artificial y la recaudación se redistribuye de manera uniforme mediante un ingreso básico universal. Se trata de un ejercicio de modelización y no de una propuesta de política del FMI.

El resultado muestra, sin embargo, exactamente la dificultad que probablemente enfrentemos. La redistribución reduce desigualdad, pero el impuesto al capital puede también reducir inversión y frenar la adopción de IA, disminuyendo parte de la productividad que pretendíamos distribuir.

Eso no demuestra que una renta básica vaya a funcionar ni que sea inevitable. Demuestra algo más interesante: si la IA genera abundancia, el problema no será solamente cómo producir riqueza, sino cómo repartirla sin destruir los incentivos que permiten crearla.

Ése podría ser uno de los grandes debates sobre el contrato social del siglo XXI.

Ahí izquierda y derecha vuelven a mezclarse

La izquierda dispone de una tradición intelectual muy poderosa para discutir desigualdad, propiedad y redistribución. Por su parte, la derecha liberal recuerda que sin incentivos, inversión y competencia no existe riqueza que distribuir. A esa tensión, la nueva derecha nacionalista agrega una tercera preocupación: que la infraestructura de la cual depende esa riqueza permanezca bajo control del propio país.

La inteligencia artificial puede obligar a esas tres tradiciones a convivir. Quizá necesitemos mercado para innovar, Estado para regular y distribuir y soberanía para evitar una dependencia estratégica completa de otros países o de unas pocas empresas. Ninguna de las tres viejas tradiciones posee por sí sola una respuesta suficiente.

Estado y soberanía tecnológica

Durante décadas Internet pareció una fuerza descentralizadora, pero la inteligencia artificial puede también fortalecer al Estado. Una administración pública bien equipada podría detectar fraude, mejorar diagnósticos, personalizar educación, optimizar transportes o administrar impuestos con mayor eficacia; las mismas herramientas, sin embargo, podrían utilizarse para vigilancia, perfilado o control político. Por eso la discusión ya no será sólo Estado o mercado, sino qué Estado y qué mercado.

Al mismo tiempo, los gobiernos empiezan a hablar de soberanía de IA: quién fabrica los chips, dónde están los centros de datos, quién controla los modelos y qué ocurriría si otro país bloqueara el acceso a capacidad de cómputo. El AI Index 2026 identifica esta soberanía tecnológica como un eje emergente de política nacional. La nueva derecha puede integrarlo naturalmente a su lenguaje de autonomía y fronteras, pero una izquierda preocupada por servicios públicos, monopolios o dependencia externa puede llegar a conclusiones semejantes desde otro punto de partida.

Dos futuros muy distintos

Hasta aquí seguimos hablando de política económica. Pero la inteligencia artificial incorpora una posibilidad que ninguna tecnología industrial anterior planteó exactamente de esta manera: ¿qué ocurre si los sistemas se vuelven progresivamente más capaces y terminamos construyendo algo que no podemos controlar?

Conviene ser extremadamente prudentes. Los sistemas actuales no poseen las capacidades necesarias para un escenario de pérdida de control de esa magnitud. El International AI Safety Report 2026 es explícito en ese punto. Existen capacidades preliminares relacionadas con planificación, autonomía y reconocimiento de determinadas situaciones de prueba, pero todavía estamos lejos de sistemas capaces de integrar de forma robusta las capacidades que serían necesarias para operar fuera del control humano.

Sin embargo, tampoco existe consenso acerca de que el riesgo futuro sea cero. Algunos investigadores consideran plausibles escenarios extremos, incluso aquellos que podrían terminar en la marginalización o extinción de la humanidad. Otros expertos los consideran extraordinariamente improbables o directamente inverosímiles.

La posición racional no parece ser anunciar el fin del mundo. Tampoco ignorar una posibilidad sólo porque su probabilidad resulte difícil de estimar.

Entre la abundancia y el control

Quizá allí esté la verdadera dimensión histórica de lo que estamos construyendo. En uno de los extremos aparece un futuro extraordinariamente optimista: la IA eleva productividad, acelera la ciencia, reduce costos y permite producir mucho más utilizando menos trabajo humano. Trabajamos menos horas, vivimos mejor y necesitamos inventar nuevas formas de distribuir una abundancia que nuestras instituciones actuales no fueron diseñadas para administrar. En ese escenario, la tecnología incluso podría ayudar a reconstruir una expectativa que se está debilitando: que nuestros hijos tengan razones materiales para pensar que vivirán mejor que nosotros.

En el otro extremo aparece una pregunta mucho más inquietante: construimos sistemas progresivamente más capaces sin conseguir demostrar que podremos mantener indefinidamente el control sobre ellos.

Entre ambos escenarios estará probablemente la realidad: nuevos trabajos, viejos empleos transformados, algunas profesiones que desaparecen, otras que nacen, grandes ganancias de productividad, concentraciones de riqueza, conflictos distributivos, nuevas regulaciones y Estados intentando adaptarse mientras la tecnología continúa avanzando. La política del futuro podría surgir precisamente de esa tensión.

Entonces, ¿ha fracasado la izquierda?

No puede responderse con un sí o un no. La izquierda perdió buena parte de la clase industrial que durante décadas había constituido una de sus bases sociales centrales. Encontró nuevos apoyos entre sectores urbanos, profesionales y universitarios, pero esos mismos grupos comienzan a enfrentar vivienda cara, energía costosa, trayectorias patrimoniales menos favorables y ahora una tecnología capaz de transformar sus propias profesiones.

Al mismo tiempo, algunas fuerzas progresistas parecen haber tenido dificultades para construir un relato convincente alrededor de producción, competitividad y prosperidad material. Pero la inteligencia artificial puede devolver al centro algunas de las preguntas más antiguas de la izquierda: quién posee, quién trabaja, quién recibe los beneficios, quién queda afuera y cuánta desigualdad estamos dispuestos a aceptar.

Tal vez el problema no sea que esas preguntas hayan dejado de importar. Puede ser que todavía no hayan encontrado su formulación para el siglo XXI.

¿Y ha ganado la derecha?

Tampoco. La nueva derecha encontró una narrativa poderosa alrededor de nación, soberanía, frontera, seguridad y reconstrucción industrial, y comprendió que la economía no consiste únicamente en precios sino también en capacidades productivas. Pero proteger una fábrica es mucho más sencillo que responder a una economía donde el capital comienza a sustituir algunas formas de inteligencia humana. Si la IA concentra extraordinariamente la riqueza o millones de profesionales sienten que sus habilidades pierden valor, reducir impuestos y defender el mercado puede resultar insuficiente. También la derecha tendrá que cambiar.

Quizá no venga una era de derecha

Tal vez lo que estamos viendo no sea el comienzo de una hegemonía conservadora, sino el agotamiento del sistema político que organizó la sociedad industrial. La antigua clase obrera se redujo, la nueva clase profesional perdió parte de su seguridad, la izquierda cambió de electorado, la derecha cambió de economía, la globalización dejó de parecer inevitable y la industria volvió a ser estratégica. A esa transición se suma una inquietud generacional: no sabemos si los hijos vivirán objetivamente peor que sus padres, pero sí que en muchas sociedades se ha vuelto más difícil acceder a ciertos activos y se ha debilitado la percepción de movilidad ascendente. Y justo entonces apareció una tecnología capaz de modificar trabajo, propiedad, conocimiento y poder simultáneamente.

La máquina que puede redibujar el mapa

En 1789, los diputados de una Asamblea comenzaron a agruparse físicamente en lugares diferentes. De un lado se ubicaron quienes querían profundizar la transformación; del otro, quienes buscaban preservar una parte mayor del orden existente. De aquella distribución espacial nacieron dos palabras: izquierda y derecha.

Durante más de dos siglos esas palabras sobrevivieron a la Revolución Industrial, al socialismo, al comunismo, al fascismo, a la democracia de masas, al Estado de bienestar, a la globalización y a Internet. Probablemente sobrevivan también a la inteligencia artificial, pero quizá no intactas.

Porque la IA vuelve a plantear algunas de las preguntas más antiguas de la política: quién controla el poder, quién posee los medios de producción, quién recibe los beneficios, cuánto mercado queremos, cuánto Estado necesitamos y cuánta desigualdad estamos dispuestos a aceptar.

Y agrega dos preguntas que nuestros antepasados nunca tuvieron que formular. La primera es económica: ¿cómo distribuiremos la riqueza si algún día necesitamos mucho menos trabajo humano para producirla?

La segunda es todavía más profunda: ¿hasta dónde estamos dispuestos a desarrollar una inteligencia que quizá algún día sea más capaz que nosotros?

Tal vez el gran conflicto político del siglo XXI no consista simplemente en elegir entre izquierda y derecha, sino en decidir qué respuestas queremos dar a esas dos preguntas.

En 1789 una sala dibujó nuestro mapa político. Dos siglos después, una máquina podría obligarnos a dibujarlo otra vez.